La política de derechos humanos ha marcado un verdadero punto de inflexión para la democracia argentina con un fallo ejemplar donde la justicia ha sentenciado, especialmente a Videla, demostrando la existencia de un verdadero plan sistemático de apropiación de niños.
Es una lucha que lleva muchos años y que se inscribe en lo más profundo de la historia desgarradora de nuestro país. Hasta podríamos animarnos a decir que se inscribe desde en los antecedentes del vil asesinato de Dorrego ejecutado por el unitario Lavalle con la complicidad del federal Rosas, que no le proporcionó la ayuda militar que necesitaba para frenar la ejecución y que marcaron un antecedente que sería fatal en el desarrollo de la vida institucional de la república: el hecho de decidir mediante la violencia política y el asesinato los resortes fundamentales de la resolución del conflicto político. La dictadura militar instalada en 1976 fue tal vez el punto más elevado y siniestro de lo que afirmamos, donde no solo se vulneraron los derechos democráticos más elementales sino que se expropiaron bienes de los desaparecidos y se robaron sus joyas más preciadas que fueron sus hijos desde el propio vientre de las mujeres violadas, torturadas y finalmente desaparecidas.
Este fallo marca un antes y después para la vida institucional de nuestro país y jalona a las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner como verdaderos paladines de la profundización de la política de juicio y castigo a los culpables. Argentina inicia una nueva etapa que debemos construirla entre todos.
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